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Ainhoa e Iñaki, ética y política

Escrito del ejemplar de mayo

10·05·2018


Ainhoa Intxaurrandieta e Iñaki Errazkin, cargos electos de la Diputación y de GHK en la anterior legislatura, han sido juzgados en el Tribunal de Cuentas de Madrid. El encausamiento no se debe al uso del dinero público para el provecho propio, sino a la cancelación de un contrato con una empresa privada, contrato que consideraron inadecuado y que ya venía firmado por los anteriores gestores.

Sin entrar a valorar el comportamiento de los distintos actores políticos, me limitaré a hacer una breve reflexión sobre la responsabilidad individual del gobernante y sus consecuencias.

Pongámonos en el lugar de Ainhoa e Iñaki. Te has presentado a las elecciones, y por elección de los ciudadanos te corresponde asumir un cargo de gobierno. Uno de los temas que te toca gestionar es el contrato para la construcción de la incineradora, contrato que fue firmado por el anterior gobierno in extremis, estando en funciones.

Solicitas una valoración del contrato y tus asesores técnicos son concluyentes: la incineradora está sobredimensionada, y ese contrato genera un agujero económico importante. La puesta en marcha de ese contrato es un buen negocio para las empresas, pero muy perjudicial para el interés público.

Por tanto, GHK decide suspender el contrato, del mismo modo que en su día decidió firmarlo. Esta vez, eso sí, bajo tu responsabilidad. Acabada la legislatura, los nuevos inquilinos solicitan en el Tribunal de Cuentas de Madrid una indemnización personal que supera los 41 millones de euros.

Me pregunto: ¿Qué es ética y políticamente más adecuado, someterse a un contrato firmado de forma cuestionable o gestionar el interés público según el dictado de la responsabilidad y criterios propios?

Cada cual tendrá sus respuestas, y sabrá actuar en consecuencia según sus convicciones éticas y políticas.